LA NUEVA LEY CONTRA EL ABORTO: UN MODO SOFISTICADO DE VIOLENCIA MACHISTA, UNA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, UNA PERVERSIÓN DE LA RADICALIDAD DEMOCRÁTICA DEL DERECHO A DECIDIR
En general, los planes de los organismos internacionales para propiciar la igualdad apenas representan rasguños en la superficie. Las llamadas políticas de igualdad en realidad se han concretado como políticas de neutralidad, es decir, se han aplicado patrones únicos, masculinos, al desarrollo global. De este modo, se ha venido presentando a los representantes de los pueblos como asexuados, que gestionan los destinos de una sociedad también asexuada, en la que se aplican patrones únicos, en pos de una falaz igualdad de contexto, de necesidades, etc…
La Europa autoerigida en garante de los Derechos Humanos, que se piensa a sí misma como la centinela encargada de difundirlos y vigilar su cumplimiento en el mundo, considerándose como el ejemplo a imitar, no es la Europa de las mujeres. Desde los organismos europeos solo se emiten recomendaciones, a la vez que se evita entrar a pronunciarse en cuestiones como la del aborto, pretextando la norma paralizadora del consenso.
Mientras la violencia estructural machista se afianza y la violencia coyuntural machista crece hasta cotas alarmantes que, no obstante, no logran alarmar a las instituciones estatales, en España se siguen difundiendo, tanto desde organismos e instituciones públicas, como privadas, argumentos pretendidamente intelectuales, sostenidos por personas pertenecientes a distintas instancias del poder político, económico e incluso judicial, para seguir justificando el mantenimiento de las desigualdades de género y la situación privilegiada de los hombres en todos los ámbitos de actuación que se insertan en la esfera de lo público.
La ley del aborto.
En un contexto de generalización de la violencia económica y política contra las mujeres, la nueva ley del aborto representa una vuelta de tuerca más en la degradación de los principios democráticos de la igualdad y el derecho a decidir de las personas, los colectivos y los pueblos. Todo ello también a pesar de la fuerte contestación social manifestada en algunos de los territorios más poblados, como Andalucía, Cataluña, Madrid o País Vasco.
a) La argumentación pseudocientífica.
Se ha pretendido desde las instituciones estatales centrar el debate en un plano supuestamente científico. A pesar de lo declarado precisamente por reconocidos profesionales de la medicina, que se han pronunciado, de manera individual o colectiva al respecto, e incluso por organismos internacionales no gubernamentales[1].
La argumentación de estos profesionales y asociaciones podría resumirse así. En primer lugar, los profesionales de la medicina hablan de “anomalías congénitas” y no “malformaciones fetales”, como hace la ley. Dichas anomalías, según la OMS, en el último año, han ocasionado diferente grado de discapacidad en 3,2 millones de niños en el mundo. Las causas hay que buscarlas en factores genéticos, infecciosos y ambientales; unas tienen más prevalencia que otras, dependiendo del área del planeta en la que nos situemos.
Ante la evidencia de que en España, como en otros países de su entorno, en los que existe legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, las anomalías congénitas graves han disminuido, los profesionales médicos se preguntan qué ocurrirá en España en el futuro a medio plazo.
¿Es esta la protección y el cuidado de madres e hijos que dice propiciar la Ley Gallardón?
Hay una segunda cuestión igualmente relevante, en lo que a la argumentación científica se refiere: la OMS acepta como un factor decisivo en la aparición de las anomalías congénitas el hambre y la desnutrición. Con ello, un nuevo factor de injusticia social vendrá a sumarse a los efectos de la citada ley: las familias marginales, en estado coyuntural o permanente de exclusión social, tendrán más posibilidades de tener hijos con anomalías congénitas que otras familias en mejor situación socio-económica.
En un alarde de legislar para aumentar el sufrimiento de la parte de la población más lábil, la nueva ley del aborto viene a sumarse a las medidas políticas de recortes de todo tipo, y especialmente en el presupuesto destinado a gasto social; una ley de consecuencias en la actualidad difícilmente previsibles, pero predecibles no obstante. Y se acude a ellas, en lugar de legislar a favor de una sanidad pública y universal, reforzando las unidades existentes de Diagnóstico Prenatal o de Medicina Fetal[2]. Esto sí que representaría una apuesta por los derechos del no nato.
Por último, entre los argumentos pseudocientíficos, también se ha acudido a suscitar la polémica sobre si el no nacido es un ser humano, sujeto de derechos, por tanto. Esta polémica intenta infructuosamente ocultar su raíz religiosa, ya que lo que se debate es, nada más y nada menos, si el embrión o el feto tienen alma, y cuando se les insufla, o carecen de ella. Así, en España una vez más la Iglesia católica acude a socorrer al poder civil, en un estado declarado aconfesional por la Constitución, prestándole argumentos que apoyen las tesis, en este caso, del partido del gobierno, y tratando de que la ciudadanía acepte como científicas ideas que pertenecen al ámbito de las creencias personales, ámbito del que nunca deberían salir y menos, presentarse como científicas y universales. Incluso, en el colmo del descaro y la falta de ética, se quieren presentar tales creencias como una defensa de los derechos humanos de los no nacidos, precisamente cuando se desprecian los derechos humanos de los nacidos y sus familias sistemáticamente, sin que la Iglesia católica como institución haya encontrado hasta el momento el modo de alzar su voz contra semejante atropello.
b) El déficit de derechos.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguró en el Senado que, efectivamente, su reforma no reconoce el aborto como un derecho de la mujer y que la anterior ley “no consideraba el aborto como un derecho sino como un ilícito despenalizado”.
El ministro ha asegurado que “ni el Tribunal Constitucional ni la mayoría de la sociedad española” apoya el aborto libre en los tres primeros meses y medio de gestación, como hace la actual legislación. En su opinión, el debate “está muy claro” y es que se “cree que existen en una sociedad avanzada derechos absolutos pero no es así”.
Así planteado el debate, en primer lugar, se sigue sin aludir a la cuestión central: el derecho a decidir de las mujeres, en este caso. Este derecho, que constituye, como la igualdad, un principio de radicalidad democrática, se encuentra articulado deficientemente en la constitución, y su ejercicio mediatizado por una serie de condiciones tales que en la práctica lo estorban. Además, la exigencia de este derecho es algo que a algunos partidos políticos les supone no poca falta de coherencia. Porque, ¿cómo reclamar el derecho a decidir de las mujeres en el tema del aborto y negar el derecho a decidir de los pueblos, en relación al pueblo de Cataluña, por ejemplo?
Por eso, en segundo lugar, el derecho a decidir se quiere esgrimir como un derecho coyunturalmente reconocido a las mujeres, pero que no afectaría a estas en otras coyunturas políticas ni sería extensible a otros sujetos de derechos. Esta pirueta desposee este derecho de las mujeres de sus efectos políticos, relacionándolo solo con el ámbito femenino personal y privado, mientras aleja el derecho al aborto tanto del terreno político propiamente dicho, como del contexto de las grandes cuestiones políticas de primera fila. Parecería más bien un asunto de segundo orden entre las mujeres y el estado.
Hay que reivindicar el derecho a decidir de las mujeres sobre estas cuestiones, así como reclamar el reconocimiento efectivo de la soberanía sobre su propio cuerpo. Ambos son principios de radicalidad democrática. Debemos rechazar toda ley o normativa que subordinando nuestro criterio, la soberanía sobre nuestro cuerpo y nuestro derecho a decidir a criterios ajenos, ya sean médicos, religiosos o de oportunidad política, elimine nuestra autonomía como seres humanos. Nadie puede además penalizar el ejercicio de estos derechos, considerando sus consecuencias delitos.
El derecho a decidir de las mujeres, como individuos y como colectivo, es un derecho político que en modo alguno puede cobijarse bajo etiquetas aparentemente inocuas, tales como la de la “salud sexual y reproductiva”, que no han evitado la confrontación ideológica, pero han desactivado la lectura política del citado derecho.
En definitiva, en la etapa llamada democrática, desde la desaparición del dictador Franco, hemos asistido en el estado español a una deficiente e inestable construcción de la igualdad, que arranca de los Pactos de la Moncloa y se concreta en el articulado constitucional. Por las consecuencias perversas del llamado consenso, se dejaron fuera de la Constitución aspectos fundamentales, que afectaban a las vidas de las mujeres, tales como el divorcio o el aborto. El primero no se articuló hasta 1982 y el segundo hasta 1985. Pero esta andadura estableció como norma el relegamiento de cuestiones relacionadas con las mujeres a coyunturas políticas favorables electoralmente y propició, por tanto, que se utilizaran como armas en la confrontación política, para sacar alguna ventaja al adversario, sin tener en cuenta verdaderamente a los sujetos políticos de tales derechos.
Decidir si se quiere ser madre o no, cómo y cuándo, no es una cuestión de salud sexual y reproductiva, ni algo que deba dilucidar el estado, sino una cuestión de derechos humanos. Se trata de la aplicación del derecho a decidir y del uso soberano de su cuerpo que cada mujer puede hacer. Se trata del ejercicio del derecho individual y colectivo a tomar decisiones guiadas por nuestra libertad de conciencia. Se trata del derecho a una vida feliz y plena. Se trata, en definitiva, del derecho a una vida que pueda llamarse humana.
[1] La Comisión Central Deontológica de los colegios médicos españoles, 2000 médicos especialistas en un manifiesto público y numerosas sociedades científicas y organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, entre otros.
[2] En este sentido se han pronunciado, entre otros, Javier Esparza, ex Jefe de Neurocirugía Infantil del Hospital Universitario 12 de Octubre, Pilar Martínez Ten Ginecóloga experta en Diagnóstico Prenatal, y Alberto Galindo, Jefe de la Unidad de Medicina Fetal del Hospital Universitario 12 de Octubre.
