Pues sí. Vamos a hablar de
liderazgo andaluz. En concreto de un caso incuestionable, científico e
imparable. Como la “Segunda modernización”. ¿Y en qué somos tan “lídercísimos”?
Pues en siniestralidad laboral.
Hace días se han hecho públicos
los datos oficiales sobre accidentes de trabajo ocurridos en 2013 y estos
revelan que el liderazgo andaluz es indiscutido. De los 397.051 accidentes
ocurridos en el conjunto del Estado, 65.896 tuvieron lugar en Andalucía. De los
432 muertos, 61 corresponden a Andalucía. Somos los primeros. De los 3.292
accidentes graves, 774, andaluces. De nuevo, los primeros. Y el índice de
incidencia (número de accidentes por cada cien mil trabajadores asegurados)
creció en Andalucía un 7,2% frente al 2,6% del conjunto estatal. Aquí también
somos la primera referencia.
No solo lideramos la brutal
estadística de accidentes muy graves –aquellos con resultado de muerte- y
graves –aquellos con mayores y más perjudiciales lesiones- sino que nuestro
índice dispara su crecimiento (en cambio, otros sitios como Galicia o Madrid
registran descensos) y casi triplica el general. Si los datos generales son muy
preocupantes, imagínense los andaluces: dramáticos.
Liderazgo sin parangón en dedos,
manos brazos y piernas cortadas, traumatismos, electrocuciones, hernias,
fibrosis, caídas, abrasiones, etc. y un sinfín de dolencias y daños que
deberían sonrojar a cualquier responsable político o empresarial. Los
advertidos efectos de la Reforma Laboral comienzan a hacerse visibles. Y
quienes las aprueban y quienes las aplican son a partes iguales responsables.
Sin embargo, parece que nadie se
alarma por estas cifras y tendencias más propias del subdesarrollo y atraso
humano que de la “Europa del siglo XXI”. A nadie se le ocurriría pensar
que está a punto de culminar el III Plan de Actuación 2013-2014 inserto dentro
de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2010-2014. Y sin
embargo, así es. Disponemos desde 2006 de un Instituto Andaluz de
Prevención de Riesgos Laborales. Lo que no sabemos es ni a qué se dedica ni de
qué recursos dispone. Pero en cualquier caso, aventuramos que son muy
deficientes para las tareas encomendadas a la vista de los resultados. Es
inconcebible que con el receso de la actividad económica y el parón de la
construcción (habitual motor de la siniestralidad) nos encontremos con notorios
incrementos de la tasa andaluza de siniestralidad. Es obvio que algo va mal.
Mejor dicho, muy mal. Y parece que no afecta al banco patronal. Mientras que
los beneficios y ganancias de algunos crecen, los accidentes de trabajo afectan
a otros, a esos que generan con su esfuerzo tales beneficios aunque nunca los
disfruten. Porque recordemos que la única actividad humana capaz de generar
riqueza es el trabajo. Formas de apropiársela, sin embargo, existen muchas más
y van desde el robo hasta los boletines oficiales. Los empresarios capitalistas
bien lo saben. Y por eso son recibidos por la Presidenta andaluza con todos los
honores mientras que las víctimas de la siniestralidad están condenadas al
ostracismo y a peregrinar por oficinas y juzgados pidiendo lo que a todas luces
es justo. Silenciar a estas víctimas es parte del negocio. Las víctimas del
amianto o de la fibromialgia son pruebas fehacientes de esta situación.
Ningún trabajador se merece esto.
Sin excepción. Nadie tiene que volver en ataúd o en camilla de su puesto de
trabajo. Ni con lesiones graves o leves que le afecten física, psíquica o
sensorialmente. Es inaceptable en un sistema democrático. Y que la tendencia
sea al alza cuando hay menos gente que nunca trabajando destaca los fracasos de
las políticas patronales y gubernamentales a tal efecto. En nuestra tierra, es
otra vergüenza añadida a las ya archiconocidas lógicas de funcionamiento de la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. El papel de la Administración
–estatal y autonómica- es bochornoso a estos efectos. Aunque no salga en las
portadas y no haga tambalear pacto político alguno.
Los accidentados y sus familiares
tienen derecho a ser los últimos de este drama. Silencioso pero mortífero. Ningún
trabajador debe pagar con su vida su asistencia al tajo. Es imperdonable para
cualquier sociedad. Los que conocemos este drama lo tenemos claro: a los
responsables ni olvido ni perdón. Y mientras tanto a seguir exigiendo: menos fotos
y más resultados para la próxima concertación social.
Luis Ocaña Escolar, Abogado del SAT. Miembro de Asamblea de Andalucía.
Fuente: andalucesdiario, 18/Abril/2014
