Los recientes
naufragios en las costas italianas han tenido una amplia repercusión por el
elevado número de víctimas y la proximidad entre dos hechos que, como señala
certeramente Javier de Lucas[1] no
son catástrofes humanitarias ni tragedias no imputables a acción humana alguna.
Bien al contrario, como este reconocido experto en derecho migratorio denuncia[2], los
naufragios en las costas mediterráneas, ocurran en el punto en que ocurran, son
el producto, probablemente no deseable, pero si claramente predecible, de tomas
de decisiones concretas que se traducen en políticas de fronteras destinadas a
construir un “cordón sanitario” que “proteja” al territorio y a los ciudadanos
de Europa de las supuestas “invasiones” a las que está expuesta. Esta
idea-fuerza, que lo es en cuanto que es producida, difundida y legitimada desde
el poder, ha calado profundamente en las representaciones sociales que rodean
dos temas que aparecen claramente vinculados, pese a su especificidad
diferenciada: la inmigración y el refugio.
Es lógico que
así sea, cuando las autoridades políticas de cualquier signo y color los
utilizan como una forma, la única en estos tiempos, de demostrar a la
ciudadanía que velan por sus intereses, mientras prosiguen con sus políticas de
desmantelamiento del estado social, convirtiéndonos día a día en seres más
indefensos y asustados. Incluso quienes se pronuncian en contra de la
utilización demagógica de la xenofobia y el racismo con fines electoralistas se
ven atrapados en la contradicción de que, en la medida en que participan de
este marco político común, cuestionarlo puede tener un coste electoral
importante. La idea que se impone desde estas posiciones no está exenta de
cinismo: por muy dolorosas que sean las consecuencias, no queda más remedio que
blindar nuestras fronteras para proteger a los ciudadanos de la llegada de
personas que supondrían un coste insostenible de recursos. De esta forma, la
responsabilidad de los políticos queda acreditada, y la ciudadanía ve
confirmada no sólo la amenaza que se cierne sobre ella con la llegada de
inmigrantes y refugiados, sino la eficacia y el celo de los gobernantes.
Incluso en el
caso de que estas afirmaciones fueran ciertas, habría que cuestionar una ética
que antepone los recursos a las vidas de las personas, pero es que, además,
están afirmaciones no sólo no son ciertas, sino que esconden detrás de estos
discursos, actuaciones políticas irresponsables que ponen en riesgo no sólo la
calidad, sino la propia vida de los ciudadanos europeos, como me propongo
demostrar.
1.
La idea de que Europa está sometida a una presión
demográfica inaceptable por parte de los inmigrantes y los refugiados que
llegan sus costas está ampliamente instalada en el discurso político y
mediático desde el comienzo de este siglo, pero frente a esta representación
nos encontramos con una realidad demográfica de envejecimiento de la población
europea que hace insostenible la propia reproducción social y dispara los
costes de pensiones y sanitarios. Para afrontarlos tendríamos que tener una
población en edad activa mucho mayor que la que tenemos en la actualidad, el
problema es que para que el sistema funcione, está población activa debería de tener empleo, y
es la masiva destrucción de empleo, y la degradación del mismo, una de las
causas directas de la baja tasa reproductiva en los países europeos. Nos encontramos
pues, ante la cuadratura del círculo: necesitamos más personas para tener una
demografía sostenible, pero esas personas deberían tener trabajo. Esto se
podría conseguir invirtiendo la redistribución de la riqueza, y en esta
tendencia la clase política tendría mucho que hacer y que decir. Sin embargo,
la connivencia entre los poderes políticos y los poderes financieros nos está
llevando en la dirección contraria de incremento de la desigualdad social. Hay
que denunciar que esta dinámica no tiene nada que ver con que haya o no
inmigrantes. El trabajo no es un bien escaso que haya que repartir, sino un
bien mal administrado con el objetivo de enriquecer aún más a los más ricos a
costa de abaratar hasta límites insoportables para el ser humano los costes de
producción.
2.
Desmontada la idea de que llegan más personas de las
que podemos acoger en nuestras envejecidas sociedades, analicemos ahora cuáles
son los verdaderos flujos que desestabilizan a las sociedades europeas. Quienes
ponen en riesgo nuestro modelo social son quienes ponen en circulación flujos
masivos de capital financiero, que utilizan los países, y de manera
especialmente sangrante, pero no exclusiva, los más débiles, para ganar
ingentes cantidades de dinero con la especulación: la prima de riesgo no es
tampoco una catástrofe natural que nos cae por nuestro mal comportamiento
económico: muy poca gente en España vivía “por encima de sus posibilidades”. Al
igual que con la inmigración y el refugio, se utiliza la tasa del endeudamiento
privado como ejemplo del descontrol en el que estamos sumidos y al que hay que
someter, ocultando que este endeudamiento fue propiciado para sostener
significativas estafas de carácter piramidal diseñadas por los poderes
financieros, y en el que los ciudadanos fueron meras, y muy necesarias,
víctimas. En lugar de arbitrar medidas que pongan coto a los poderes
financieros, se utilizan ingentes cantidades de recursos a reflotar a las
entidades, dejando a los ciudadanos completamente indefensos. Hay que reconocer
que la jugada les ha salido perfecta: la mayoría de los ciudadanos tiene más
miedo a un inmigrante que a entrar en una sucursal bancaria, y ello en contra
de toda evidencia empírica personal. Es más, han conseguido que la gente
acepte, con pocas protestas, su papel de financiadores de las entidades
bancarias, algunos porque han asumido “la culpa”, y otros porque parecen estar
en la fase: “virgencita, que me quede como estoy”, y la mayoría ajenos al hecho
de que, como se ha demostrado en otros lugares (Latinoamérica, por ejemplo)
después de que las “crisis” financieras hayan pasado, lo que sucede normalmente
cuando ya no se puede apretar más a la ciudadanía, JAMÁS SE VUELVE a la
situación anterior. Dicho de otro modo, la “estabilidad” financiera no se
traduce en una vuelta a los derechos sociales anteriores a la crisis.
3.
En este contexto, si se ha instalado en el imaginario
social la idea de que los inmigrantes (porque de los refugiados no se habla,
han conseguido borrarlos del imaginario social) y los autóctonos “compiten” por
los recursos sociales es porque lo que está teniendo lugar es un
desmantelamiento de éstos, particularmente de los sistemas sanitario y
educativo, que, una vez agotada la teta del mercado inmobiliario, se están
convirtiendo en las nuevas presas del capital en su afán privatizador. La
ciudadanía debería ser consciente de que aceptar que un inmigrante no tenga
tarjeta sanitaria es el primer paso para que después se acepte pagar el 10% de
la quimioterapia. Este modelo de chivos expiatorios deberíamos tenerlo muy
presente, ya que forma parte de nuestra historia europea contemporánea. La
frase de Martin Niemöller: "Primero vinieron a buscar a los comunistas, y
yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los
sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron
por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí, y
para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí" podría
trasplantarse perfectamente al momento actual, sustituyendo a los judíos por
los inmigrantes. Después de todo, el tratamiento que reciben inmigrantes y
refugiados cuando llegan a nuestras costas, su privación de libertad, adquiere
mayor gravedad por la indiferencia de muchos, y no pocos alivios de algunos. Y
es que una sociedad que permite que se violen los derechos de algunos
considerados como ajenos está preparada para legitimar la violación de todos
los derechos. Y cabe enfatizar que no es cierto que la responsabilidad de lo
que está pasando provenga exclusivamente de los poderes mencionados, después de
todo, ellos hacen lo que consideran mejor para sus intereses, es la ciudadanía,
entendida como ejercicio activo de la
misma, quién tiene la responsabilidad de denunciar estas políticas y sus
gestores, y quien posee las herramientas para hacerlo, no lo olvidemos, por
mucho que los poderes, como han hecho siempre, se empeñen en difundir la idea
de que cualquier alternativa a su modelo es utópica, poco realista e incluso
irresponsable.
Y, en este contexto, tenemos la
oportunidad, ante las próximas elecciones al parlamento europeo, de posicionarnos
en contra de cualquier partido u organización política que no se pronuncie de
manera inequívoca contra la política europea de fronteras. Y de denunciar que
difícilmente pueden considerarse democracias regímenes políticos que diseñan
medidas que conllevan el incremento del sufrimiento de sus ciudadanos y que en
la organización de los flujos migratorios y el tratamiento de los refugiados
imponen como norma principal el racismo institucional, según la definición de
Focault: “El racismo representa la condición bajo la cual se puede ejercer el
derecho de matar…Que quede bien claro que cuando hablo de “matar” no pienso
simplemente en el asesinato directo, sino en todo lo que puede ser también
muerte indirecta: el hecho de exponer a la muerte o de multiplicar para algunos
el riesgo de muerte, o más simplemente, la muerte política, la expulsión”.