Es
evidente que son las grandes instituciones de la globalización del Mercado (el
Banco Mundial, el FMI, el Banco Central Europeo, la OMC…) las responsables
últimas de la actual ruina de países, sectores productivos, familias y personas
y de la voladura controlada del llamado “estado del bienestar”, pero esto no
hubiera sido posible sin la colaboración cómplice de los que Blas Infante llamaba
“políticos de oficio”, que debieran representar los intereses ciudadanos.
Complicidad no sólo de los partidos declaradamente
(neo)liberales sino también de la mayoría de los que siguen autoproclamándose de izquierda. Unos y otros asumen hoy el TINA de Margaret Thatcher: el “That is not alternative” (no hay alternativas). Es esto lo que está en el fondo de la crisis de la democracia representativa, que ha llegado a ser muy poco representativa (de los intereses no oligárquicos) convirtiéndose por ello en una democracia de muy baja intensidad.
(neo)liberales sino también de la mayoría de los que siguen autoproclamándose de izquierda. Unos y otros asumen hoy el TINA de Margaret Thatcher: el “That is not alternative” (no hay alternativas). Es esto lo que está en el fondo de la crisis de la democracia representativa, que ha llegado a ser muy poco representativa (de los intereses no oligárquicos) convirtiéndose por ello en una democracia de muy baja intensidad.
Es en
este contexto en el que hay que inscribir el drama de los desahucios, uno de
los resultados más sangrantes de la estrecha colaboración entre banqueros y
políticos. Las familias que son expulsadas de sus casas, a la vez que pierden
sus dineros y siguen ampliando su deuda con los bancos, constituyen un drama
que puede medirse en números pero que es inconmensurable en sufrimiento. Un
millón de firmas han sido entregadas en el parlamento, a través de una
Iniciativa Legislativa Popular, con el objetivo de poner ciertas barreras a
esta verdadera catástrofe humanitaria mediante la modificación de preceptos que
incluso han sido considerados ilegales, por abusivos, por los tribunales
europeos. Gracias a la presión popular que apoyó la iniciativa, el gobierno del
PP tuvo que dar marcha atrás en su posición de ser totalmente indiferente a
esta demanda y ha planteado una ley que aplaza dos años el desahucio de
aquellas familias que cumplan una serie de requisitos. Inmediatamente, la Junta
de Andalucía ha aprobado un decreto-ley sobre vivienda que, en una disposición
adicional, se refiere al tema estableciendo algo no muy diferente aunque se
haya pregonado, a bombo y platillo, que contiene medidas casi revolucionarias.
La diferencia principal es que se amplían a tres los años de la prórroga. Eso
sí, incorporando una batería de palabras de alto contenido emocional, como
“expropiación” (?) En el colmo del paroxismo publicitario, el vicepresidente de
la Junta y coordinador general de IU, Diego Valderas, ha llegado a afirmar que
con este decreto se declara Andalucía “territorio libre de desahucios”. Y se ha
quedado tan ancho.
Estos días, los respectivos
entornos mediáticos del PP y del PSOE se están dedicando a ensalzar las
bondades, reales o supuestas, de los respectivos decretos y a ridiculizar las
del contrario, cuando la realidad es que tanto el gobierno central como el de
la Junta han parido un ratón. Que –hay que subrayar- ni siquiera hubiera nacido
sin la presión de la calle, el clamor popular y los suicidios provocados por el
tema. En ninguna de las dos leyes se hace mención a la “dación en pago”, que es
la reivindicación central del millón y medio de firmas, ni se obliga a los
bancos a renegociar las condiciones y plazos de los pagos, ni se dictan medidas
de alcance general: en ambas se señala que habrá que estudiar los casos uno por
uno y cada familia tendrá que demostrar que se encuentra en una situación
límite, cumpliendo una serie de requisitos que hacen muy escaso el número de
las que podrán acogerse a este respiro.
Más
allá del alud propagandístico en prensa, radio y televisión para tratar de
convencernos, unos, de su sensibilidad
social dentro del máximo respeto a la propiedad privada y a los “derechos”
de los bancos, y, los otros, de que practican una política verdaderamente de izquierda (ocultando su complicidad
directa en cuanto está ocurriendo), ¿cuántos entre las decenas de miles de
desahucios previstos van efectivamente a anularse o, al menos, a paralizarse?
Concretamente, aquí en Andalucía desde la Junta deberían responder a varias
cuestiones: ¿es cierto que con los requisitos fijados sólo se suspenderían unos
doscientos de entre los más de siete mil en trámite? Si no fuera así, ¿cuál es
el número que se baraja? Y ¿cuál va a ser la asignación presupuestaria para la
puesta en práctica de las medidas?
Es tal la gravedad del tema que sería criminal utilizarlo
sólo como un elemento más para la bronca entre partidos o incluso para el pulso
intrapartidario. Más allá de esto, me temo que se están alimentando esperanzas
que en pocos casos van a materializarse. Siempre habrá quien nos diga que es
mejor poco, o incluso muy poco, que nada. Pero entonces, aunque sea por
humanidad (hablar de decencia creo que es inútil), no hagan demagogia y no
engañen a quienes es lógico que quieran agarrarse incluso a un clavo ardiendo.
Isidoro Moreno, Catedrático
de Antropología de la Universidad
de Sevilla, Miembro de Asamblea de Andalucía
Fuente original: diarios del grupo Joly (19/Abril/2013)